Lastres y calidades institucionales.

Existen varias teorías para explicar el origen de los Estados modernos como formas de organización social. Una lectura posible y simple, que reconoce algún ascendiente en nuestros primeros constituyentes, y que, creo, tiene exponentes hoy día, da cuenta del Estado como mecanismo para asegurar el derecho de propiedad. Quiero decir con esto, que el Estado sería posterior a este derecho impuesto por la fuerza (en nuestro caso podríamos ubicar ese punto en la batalla de Caseros) y su creación sirvió para cristalizar una distribución de la riqueza sobre la base de una estructura de incentivos y amenazas dirigidos a quienes quedaron fuera del reparto. En este sentido:
1) Se educaron a los ciudadanos para poder ganarse la vida sin atacar la propiedad de otros.
2) Se dictaron códigos penales para castigar a quienes robaban.
3) Se apoyaron religiones que decían que en el cielo los últimos serán los primeros.
4) Se ayudó en la medida de lo posible a que nadie pasara necesidades extremas por situaciones de fuerza mayor.
5) Se trató de que las personas en lugar de enojarse con los que más tienen, se entusiasmaran con llegar a ser como ellos.
6) Se sostuvo que las decisiones sobre el país se tomaban democráticamente, sin votos calificados.

Así y todo, y pese a que esta formula dio buenos resultados en muchos países durante muchos años, el esquema se vuelve complicado cuando durante un periodo prolongado se registra alto desempleo y pobreza estructural. También se hace difícil sostenerlo cuando existe una toma de conciencia de los sectores que no tienen propiedades, respecto de las limitaciones del sistema para producir una distribución equitativa de la riqueza. En la Argentina hemos tenido de todo esto. Hubo toma de conciencia con el peronismo del 45, hubo alto desempleo en la década del noventa y buena parte de la actual, y hay pobreza estructural.
Naturalmente, el sistema cruje. Los puntos enunciados arriba no se cumplieron y hoy tenemos millones de personas que no respetan el derecho de propiedad. ¿De quien es la culpa? Los que tienen propiedades dicen: del Estado. Los que no tienen propiedades dicen: del Estado. Será entonces. ¿Pero que pasó en los últimos 30 años? El neoliberalismo, como conjunto de ideas que dieron sustento al achicamiento del Estado (además de destruir el aparato productivo), se colocó por encima de las medidas necesarias para generar la paz social pretendida. Hizo falta una dictadura sangrienta para imponerlo. Increíblemente, en democracia, esas políticas fueron votadas al menos dos veces, en el 95 y en el 99, trayendo su secuela de deterioro de la conciencia de los sectores desposeídos, aumento el desempleo y pobreza.
Hasta 1976, la Argentina era un país con porcentajes bajos de indigencia. En comparación con la actualidad, la pobreza no era el principal problema a solucionar. El Estado era fundamentalmente una herramienta de los sectores intermedios para contener sus expectativas de acceso a propiedades, ya sea en sus políticas (educación universitaria gratuita, créditos del banco hipotecario para comprar viviendas) como desde el punto de vista de los empleos en el sector publico.
La explosión del neoliberalismo en el 2001 dejó un escenario complicado que todavía arrastramos. Hoy, los sectores propietarios protestan, porque ven que su sistema esta fallando, y piden reforzar las medidas represivas, que implican reconocer el fracaso de los incentivos. Los sectores intermedios de pequeños propietarios ven que el Estado ahora mira a los que no tienen nada y protestan, porque ya no representa sus intereses, no los contiene con empleos, ni sus políticas se dirigen a mejorar su acceso a las propiedades. Por último, los sectores desposeídos protestan, porque el Estado no esta preparado para trabajar para ellos y es ineficiente.
Todas estas consideraciones, que por supuesto merecen un tratamiento mucho mas extenso, conforman un escenario de descomposición social, donde “se ven los hilos” del trasfondo del sistema y su discurso. Los sectores propietarios, que se toman de la bandera de ser quienes solventan con sus impuestos el país, exigen un castigo ejemplar para los que no respetan el principio básico del respeto absoluto a la propiedad, ya sean delincuentes comunes o el propio Estado. Pero lo hacen ya despojados del carácter democrático, para recurrir a lo que consideran la esencia pre-estatal de las relaciones sociales, donde admiten un criterio jerárquico, en el cual ellos se colocan en el lugar de socios fundadores de la Nación, y los sectores desposeídos representan un verdadero lastre para la viabilidad del sistema.
Como ejemplo del presente planteo, conviene mirar a los sectores que invocan ese pacto fundacional del respeto a la propiedad que es la Constitución Nacional, pero no se someten a sus normas de representación para dirimir la conducción del Estado, en la idea que existe una legitimidad superior a la democrática, que obliga a quien sea a consensuar con ellos.
En definitiva, la irrupción de los dueños del sistema como consecuencia de su crisis, se vuelve peor cuando muchos de estos sectores, y también una parte de los sectores intermedios que buscan emularlos, expresan que la ruptura social es irreversible, por lo cual la solución pasa por establecer divisiones físicas (muros), condenas por peligrosidad (reclusión para los menores de edad con antecedentes), o soluciones finales (pena de muerte).
El Estado no está preparado para estas medidas, lo mismo que no está preparado para tratar la pobreza estructural que generó el neoliberalismo. En mi opinión, lo más probable, es que la falta de perspectivas políticas y sociales para plantear soluciones a largo plazo, que impliquen educar a las nuevas generaciones en el sistema, devengan en procesos híbridos de avances y retrocesos, dependientes del viento a favor del comercio internacional. O también pueden ocurrir tentativas mágicas de solución, al estilo de derechas populistas, que combinen represión y polarización entre quienes acceden a la propiedad y quienes no.