Digitalización e inclusión social

Por Gonzalo Carbajal (*)

La necesidad de un cambio en materia de radiodifusión, sostenida por cientos de organizaciones, referentes y personalidades desde la recuperación de la democracia y plasmada en los 21 Puntos Básicos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ha sido puesta en el escenario mediático por el Poder Ejecutivo Nacional. La aparición de este debate por una nueva Ley de Radiodifusión en la agenda pública, representa de por si un triunfo popular pues no ha sido “la industria de los medios” quien lo propuso. Ella está cómoda de esta manera y se resistió durante años a poner en discusión el marco regulatorio de su propia actividad.

Por el contrario, asistimos en los últimos años a un ejemplar manejo de agenda y lobby mediático que nos hizo creer que si nuestro país no elegía -de manera perentoria- una norma para la televisión digital, perdería para siempre la oportunidad de subirse a no sabemos qué clase de mundo. Lo notable es que ninguna de las voces supeditaba esa decisión a un acuerdo previo sobre el sistema de medios de comunicación. El debate que se habilita hoy nos permite definir entre todos un modelo para el país antes de tomar decisiones tecnológicas. Qué medios, gestionados por quiénes, con qué contenidos y producidos de qué modo, necesitamos para modelar una Sociedad de la Información y el Conocimiento con crecimiento, justicia e inclusión social.

La digitalización revoluciona a los medios masivos de comunicación, y por eso la elección de un patrón tecnológico no ha de ser neutra. Plantear lo contrario es contradecir la naturaleza misma de las regulaciones, que son medidas que el Estado impone para preservar el bienestar de las mayorías. En este sentido, el despliegue de la televisión digital deberá aprovechar el beneficio que se logra por la aplicación de estas tecnologías -lo que se conoce como “dividendo digital”- para el desarrollo humano y social de nuestro pueblo por vía de mayor diversidad y pluralidad en los medios.

La televisión abierta y gratuita sigue siendo el medio masivo por el cual más información accede a los hogares y el más determinante a la hora de conformar una identidad. Puede ser vista en casi la totalidad de los hogares argentinos, pero no todos disfrutan de las mismas posibilidades de acceso, las varias alternativas de las grandes ciudades contrastan con la escasa oferta de canales en vastas regiones de nuestro país, fenómeno aprovechado por la televisión paga para cubrir esa carencia. La nueva ley debe aprovechar las oportunidades que brinda el entorno digital para fomentar expansión de la televisión gratuita y el acceso de nuevos actores y modelos. Existen 3 modelos de servicio con particularidades a las que el Estado debe atender: la televisión privada, cuya fuente de ingresos mayoritaria proviene de la venta de publicidad; la televisión pública cuyo sustento es mixto, con publicidad y aportes presupuestarios; y la televisión llevada adelante por organizaciones de la sociedad civil, a la que será imprescindible “incubar” y apoyar en su despliegue.

No existe para el sector desafío más importante que acordar los principios generales que deben orientar la transición a los servicios digitales. De ellos dependerá el impulso a toda la cadena de valor para dar lugar a una industria nacional en condiciones de producir contenidos socialmente significativos. Será necesario pero no suficiente establecer cuotas de pantalla para producciones nacionales. Garantizar fondos para el financiamiento de la producción independiente. Impulsar el desarrollo de contenidos interactivos que aprovechen las nuevas plataformas para llevar información y educación a distancia. De igual modo establecer con los países socios de la región un marco de reciprocidad para que los contenidos de todos tengan dónde exhibirse, además de ayudarnos a entender que nuestros pueblos tienen más cosas en común que diferencias, y que para eso sí la televisión es útil.

Si se nos escapa esta oportunidad porque las mayorías no toman parte en este debate, si dejamos que el tema lo resuelvan las empresas de medios, o se reduzca a una discusión a puertas cerradas entre políticos y comunicadores, nos estaremos condenando a seguir con este sistema en el que unos pocos se apoderaron de la palabra, mientras que otros muchos sólo escuchamos. Una copia del país de muy pocos que se enriquecen con la soja mientras los demás la miran pasar, cuando no cortan las rutas.

(*) Director de Normalización del Comfer