Reforma política. Oxígeno en la vorágine

por Luis Macagno




El reciente lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández a la presidencia por el kirchnerismo bajo el "slogan" de "el cambio recién comienza" le imprimió aires de renovación al "partido del gobierno" después de unos meses de fuerte desgaste ético-político (que no ha cesado). Dentro de este aire renovador surgen disparadores lógicos y bienintencionados de todo cambio de gestión, pero con el agregado de que la candidata oficial, en lo poco que ha transcurrido de campaña, ha evitado la coyuntura para centrarse en el proyecto grande y largo; "un modelo de acumulación con inclusión", "el pacto o acuerdo social", "la distribución del ingreso no se hace desde el ministerio de asistencia social, sino desde el ministerio de economía", etc.; son definiciones de fondo en el medio de la vorágine diaria y demandante de la sociedad. Lo que todavía no se esbozó fue como va ser (si es que va a haber) "el cambio" (que recién comienza) en lo político, hablando mal y pronto ¿va a haber o no reforma política impulsada desde el Estado por la nueva gestión?, o sea, ¿que puede hacer el Estado para "aggiornar" el sistema político a los tiempos que corren en función de las demandas (altamente postergadas) de gran parte de la sociedad en este sentido? Desde este escrito solo se propondrán algunos cambios solo como disparadores de debate e intercambio.

- Quizás algo que pareció ser un gran avance en la democratización del país como la elección por voto directo del Presidente y Vice-Presidente de la Nación, significo la postergación de las provincias mas chicas de la agenda publica y política del país, en resumidas cuentas sacando Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza , el resto de las provincias han perdido terreno a la hora de encarnar un proyecto nacional y federal de poder, solo adquieren relevancia al momento de elegir a sus Senadores Nacionales, es decir cada seis años.
Sería de gran importancia volver al sistema de electores previo a la reforma constitucional de 1994, que consiste en elegir electores por provincia en una cantidad y distribución análoga a la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual dota de mayor incidencia de las provincias hoy postergadas a la hora de elegir Presidente y Vice- Presidente. Esto significaría mayor federalismo político. El inconveniente aquí es que habría que reformar la Constitución Nacional para este fin.

- Otro de los "avances" de la reforma constitucional de 1994 fue la creación de la figura de Jefe de Gabinete de Ministros para atenuar en parte el fuerte presidencialismo imperante hasta 1994, hoy la situación no ha cambiada en nada, el Jefe de Gabinete de Ministros es un ministro mas del gabinete que se encarga de las engorrosas funciones administrativas que antes ejercía el Presidente, a trece años podemos asegurar que dicha la reforma no ha cumplido su objetivo de dotar de mayor participación al Congreso Nacional en las decisiones del país, morigerando poco y nada la alta concentración de facultades en manos del Poder Ejecutivo.
Si bien el Jefe de gabinete puede ser interpelado por ambas cámaras, debe brindar informes mensualmente al Congreso sobre lo actuado por el Gobierno y hasta puede ser sometido a voto de censura para removerlo del cargo, en lo concreto y en la practica diaria no deja de ser un ministro como cualquier otro. Por eso, sería positivo si se pudiese involucrar mas fuertemente al Congreso en todo concerniente a la figura del Jefe de Gabinete.
Así como cómo el Presidente se autolimitó sus facultades constitucionales para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, también podría hacerlo para elegir al Jefe de Gabinete de Ministros otorgando al Congreso la facultad para elegir como Jefe de Gabinete a uno de sus miembros por dos años y con una mayoría importante, con lo cual: se jerarquizaría las funciones del Congreso Nacional y se podrían lograr consensos y concertaciones partidarias mas amplias y sustentables que las meramente electorales y la figura del Jefe de Gabinete adquiriría el sentido y la importancia institucional con la que fue pensada. Aquí con un simple decreto presidencial bastaría para implementar lo propuesto.

- Una cuestión y que preocupa y mucho es la falta de recambio dirigencial y político y la ausencia de terceras fuerzas en la mayoría de las provincias, con la consiguiente feudalización de la política y del poder provincial, traducido en autoritarismo, atraso, pobreza y violación sistemática a los derechos humanos y fundamentales en gran parte del país. Si bien Estado Nacional no puede obligar a los gobiernos provinciales a adoptar reformas en este sentido, si tiene a mano algunas herramientas para marcar el camino. En ese sentido, sería positivo revisar la forma de elección de los diputados nacionales. Con el sistema actual de renovar las diputaciones nacionales por mitades cada dos años, lleva a que haya distritos (10) donde se renueven dos diputados o tres diputados por elección, con lo cual estos lugares son ocupados por el oficialismo provincial y con suerte la primera minoría alcanza a lograra una banca. Inevitablemente se esta alimentando a la concentración excesiva de poder en ciertas distritos y negando la posibilidad de surgimiento de terceras fuerzas o inclusive que las segundas fuerzas medien con chances reales de poder, abortando cualquier esbozo de renovación, democratización y oxigenación en las provincias chicas y medianas.
Para solucionar esta trampa habría dos caminos: 1) o se aumenta la cantidad de diputados por provincia para que en ninguna de ellas se elijan menos de cuatro diputados por elección 2) o bien se mantiene la cantidad de diputados existentes pero se elijan cada cuatro años sin renovación por mitades; por consiguiente con el mínimo actual existente de cinco diputados por provincia seria suficiente para lograr altos grados de renovación, surgimiento de nuevos liderazgos, fortalecimiento de los partidos políticos y mayores niveles de control político frente a los abusos feudales. La segunda opción requiere de una reforma constitucional, pero para la primera propuesta, con una ley del Congreso alcanza.

Pensar en una reforma política, lleva ineviatablemente a modificar tópicos o conductas que hasta podrían ser contrarios o perjudiciales a los intereses particulares de quien la impulsa o inclusive de la gran mayoría de los actuales actores del sistema político, pero a la larga y no tan larga estas nuevas reglas de juego seguramente redundaran en una mejora de las condiciones de desarrollo social, político y económico de nuestro pueblo. Si la etapa de "institucionalización del cambio" es lo que viene, una reforma política audaz y desprovista de egoísmos cortoplacistas es condición necesaria para lograr la continuidad en el tiempo de un proyecto de país de inclusión y acumulación que tiene intenciones de ser visagra en la historia nacional.